El capítulo II del nuevo borrador de Ley Bases que ingresará al Congreso Nacional esta semana, declara sujetas a privatización a una docena de empresas públicas, un proceso que en principio las agrupa en dos conjuntos, aquellas pasibles de privatización/concesión en línea con lo previsto en la Ley 23.696 de agosto de 1989 por la cual se transfiere la totalidad de la propiedad o de la operación de la empresa, en este grupo se encuentran empresas como Aerolíneas, ENARSA, AYSA, Correos, Belgrano Cargas y la Operadora Ferroviaria (OFSE), entre otras.
Y un segundo conjunto de empresas donde las privatizaciones prevén la incorporación del capital privado, pero con el Estado manteniendo el control o la mayoría del capital social, en este grupo encontramos a Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Rio Turbio y el Banco Nación con su holding de empresas satélites.
Como hace 25 años, regresa al debate parlamentario una ambiciosa agenda de privatizaciones de empresas que emplean al 90% del personal que hoy se desempeña en empresas públicas, las que recibieron más de $2 billones en transferencias (corrientes y de capital) en 2023.
El 95% de dichas transferencias se destinaron a empresas con fuertes atrasos tarifarios, por ejemplo: ferrocarriles, ENARSA que vende el gas importado a pérdida en el mercado local, AYSA y Corredores Viales.
El riesgo del próximo debate parlamentario radica en repetir errores del pasado y en encarar las privatizaciones con enfoques dogmáticos. No se debería ingresar al tratamiento de este tema con la utopía que el solo hecho de privatizar será un instrumento para solucionar definitivamente problemas económicos y de política pública, como desequilibrios fiscales, ineficiencias de los servicios, inversiones insuficientes, corrupción o desequilibrios en el balance de pagos.
Descargar informe completo: Empresas públicas: un análisis del desempeño reciente
