Luego de más de 100 años del nacimiento de las estrategias prohibicionistas y de casi 50 años del lanzamiento de la “guerra contra las drogas” por parte de Richard Nixon, la evidencia disponible sugiere que los efectos de estas políticas no fueron los buscados. Esta guerra no ha logrado reducir de manera duradera ni los niveles de prevalencia del consumo de esas sustancias (que, por el contrario, han aumentado), ni tampoco las cantidades producidas. Asimismo, no solo ha tenido elevados costos económicos, sino también sociales, incluyendo arrestos, enjuiciamientos y encarcelamientos masivos de simples consumidores o pequeños vendedores, crecientes niveles de violencia y dificultades para abordar campañas efectivas de tratamiento y rehabilitación a ciudadanos que acarrean el estigma moral y legal de ser consumidores de sustancias ilícitas.
En este escenario, no sorprende que sean cada vez más las voces que cuestionan la lógica de la guerra contra las drogas y llaman a replantear las normas internacionales (las 3 convenciones de la ONU sobre sustancias sicotrópicas y estupefacientes de 1961, 1971 y 1988) y nacionales que la sustentan. Estas voces incluyen desde ex jefes de Estado de diversos países y otras figuras políticas de peso internacional, hasta reconocidos expertos académicos en diferentes campos del conocimiento. Incluso varios organismos de las Naciones Unidas también han expresado la necesidad de cambiar el paradigma vigente
En este trabajo, Andrés López con la colaboración de Santiago López, buscan aportar elementos para un debate mejor informado sobre los impactos del actual régimen legal en torno a las drogas ilícitas y sugerir una agenda de investigación en el área de la economía que ayude a una mejor evaluación de sus costos y beneficios y a analizar los potenciales efectos de eventuales reformas al mismo.
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