La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), entre los años 2003 y 2015, creó un débil ambiente institucional en todos los niveles de decisión sobre el desarrollo de la infraestructura vial nacional. Esto puede haberse potenciado por la intención manifiesta de aprovechar los baches normativos y por la ausencia de voluntad para mejorar la transparencia y el control sobre las obras físicas y las cuentas públicas.
Esto ha implicado un riesgo importante para el Estado que no solo se manifiesta a través de las cuentas fiscales sino también en un stock de infraestructura ineficiente porque implica, entre otras cosas, que se prioricen inversiones de bajo impacto comercial, social y de seguridad vial dejando de lado, o subejecutando, proyectos estratégicos.
En el presente trabajo, el autor detalla la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad entre los años 2003 y 2015 con respecto a tres aspectos:
- la celebración de convenios con provincias para realizar obras viales,
- el ambiente de control y regulación existente,
- la planificación técnica y financiera de los proyectos.
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